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ESCUELA DE PADRES, DE MARIOLA HERNÁNDEZ QUESADA

Nuestra compañera Mariola H. Quesada, Vocal de CEMIN, es abogada y coach.

Es fundamental, tal y como recoge este artículo” no mezclar los problemas de conyugalidad de las cuestiones de parentalidad”

Se hace necesario crear conciencia sobre el nivel de vulnerabilidad que alcanzan los hijos, especialmente los menores, tras la crisis de pareja de sus padres si estos y su entorno no tienen actitud ni generan un ambiente en el que se facilite a los hijos un “escenario confortable” en el que la adaptación a la nueva situación sea lo menos traumática posible.

“Antes de la crisis matrimonial, es responsabilidad de los padres velar por el bienestar psico-afectivo y la estabilidad emocional de sus hijos”

Los padres deben esforzarse en distinguir y no mezclar sus “problemas de conyugalidad” de “las cuestiones de parentalidad” referidas a la vida de los hijos. Evidentemente, no se puede negar el impacto que la separación o divorcio de los padres causa en la estabilidad emocional de los hijos, especialmente de los más pequeños pero, no olvidemos, que la incidencia, mayor o menor, de ese impacto solo depende de sus progenitores.

En los momentos previos a la crisis matrimonial, durante el proceso de separación o divorcio y en los posteriores a la ruptura (nueva vida de los hijos con el progenitor custodio y nueva vida del no custodio y posibles futuras parejas), es responsabilidad de los padres velar por el bienestar psico-afectivo y la estabilidad emocional de sus hijos, es decir, priorizar y procurar el mantenimiento de ese “escenario confortable” para que, especialmente los menores, se vayan adaptando a la nueva situación y entiendan que sus padres “se han separado entre ellos, no de ellos”.

Se hace necesario valorar la ratio coste/beneficio de posturas intransigentes con el otro progenitor por el desgaste físico, emocional y económico que ello conlleva y el impacto negativo que sobre la vida de los menores produce. Se trata de que ambos progenitores ejerzan de padres de forma conjunta y no como si los hijos fueran “propiedad exclusiva” de uno de ellos.

“Hay que procurar no utilizar la inocencia y bondad de los niños para fines personales”

La ESCUELA DE PADRES debería ser un espacio en el que, además de aprender a ejercer como padres mientras que la familia está felizmente unida, se aprenda a seguir siendo padres después de la crisis matrimonial e independientemente de la vida en solitario o de pareja que cada uno pueda tener en el futuro. Esto significa que, además de velar por el cuidado y bienestar de los hijos comunes, hay que procurar no utilizar su inocencia y bondad para fines personales, fomentar el cariño tanto a la familia propia como a la del otro progenitor, ejercer de madres o padres pensando en el futuro de los hijos y en la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Así, además de aprender a gestionar la adversidad de una nueva vida en solitario o con los hijos sin la pareja, también sería útil fomentar el auto-conocimiento de los progenitores y para canalizar su nueva vida de la forma menos traumática para los hijos. Por ejemplo, cuándo y cómo presentar a la nueva pareja, cómo gestionar los momentos en común del no custodio con sus hijos (cocinar, cuidado diario, estudios, ocio, etc.), cómo gestionar las opiniones de los amigos “expertos en divorcios”, padres o compañeros de trabajo que opinan sobre nuestra vida, etc…

La escuela podría enseñar a “hablar a otros y hablarnos” de forma diferente, porque el lenguaje genera acción  y no es lo mismo decir “mis hijos” que “nuestros hijos”.

El interés superior de los menores es el de su estabilidad psico- emocional y afectiva y esto es algo tan frágil que debe ser tratado como si de una pieza de fino cristal se tratara: cuidándola siempre, manteniéndola limpia, dándole brillo e interactuando de forma que genere un sonido dulce para los oídos. Los hijos deben ser una prioridad, sin que por ello dejemos de cuidarnos y pensar en nosotros, porque de nuestra estabilidad psicológica y emocional depende también su crecimiento personal; debemos cuidarlos por encima de crisis o problemas de pareja, sacarles “brillo”, es decir, ver, reconocer y fomentar su talento y todo lo bueno que tienen y, finalmente, hablarles y oírles de forma activa, ayudarles a ser la “mejor versión de sí mismos”. Hijos que, cuando pasen años después de la separación de sus padres y se hagan mayores, sean capaces de decirles: “ PAPA, MAMA: GRACIAS POR HABERLO HECHO TAN BIEN”.    

 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA, DE ISABEL WINKELS

En este artículo de nuestra compañera Isabel Winkels, abogada especializada en Derecho de Familia y Vocal de EMIN, se plantea una cuestión que muchos abogados especializados en la materia debaten constantemente; La necesidad de una especialización de los Juzgados de Familia.

Cuando hablamos de crisis familiares, hablamos de INFANCIA, menores de edad cuya necesaria protección es objeto de cientos de leyes, ponencias y trabajos. Una sentencia equivocada y/o tardía, condiciona la vida futura de un niño, que se ve innecesariamente expuesto a las tensiones que sus padres son incapaces de evitar, sin que nadie les proteja. Y debería resultar innecesario constatar que, cuanto más tarde en resolverse un procedimiento contencioso, mayor es el daño que se les genera.

Pero desgraciadamente, hay juzgados que tardan hasta dos años en dictar sentencia con la que se pone fin al calvario de muchos menores, y ello porque no cuentan con Equipos Psicosociales adscritos, porque no cuentan con un fiscal presente, y porque los jueces carecen de una formación adecuada para dictar sentencias de calidad, que valoren las circunstancias familiares desde un prisma multidisciplinar. Ello lleva a concluir que la decisión de especializar juzgados resulta imprescindible para minimizar los efectos de esta conflictividad: según datos del CGPJ, en Castilla La Mancha hay un único juzgado de Familia especializado, y la duración media de tramitación de los asuntos es de 12,8 meses, mientras que en Asturias, que cuenta con 4, es de 5,2 meses. La ecuación es clara: a mayor especialización, menor tiempo de tramitación, y además, con resoluciones de calidad.

“Muchas controversias pueden ser resueltas en una buena exploración, pero para ello, jueces y fiscales deben dominar herramientas que les permitan averiguar la verdad”

Porque la coordinación de un equipo de expertos especializados resulta esencial para activar la necesaria protección de los menores de edad; en las VII Jornadas de EMIN “TRABAJANDO EN PRO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA”, celebradas el pasado día 12 de junio en la sede de Caixa Forum de Madrid, el pediatra social D. José Antonio Díaz-Huertas destacaba en su conferencia sobre “El menor de edad en el Juzgado” que “todos los profesionales que trabajan con niños deben recibir una formación multidisciplinar”. Incidía en la necesidad de crear un marco  de referencia común que facilite la comunicación y coordinación de todos ellos, y añadía, en el contexto propio de la ponencia algo que, aún pudiendo resultar básico, no lo es en absoluto: “los jueces tienen que aprender “a hablar” con los menores en las exploraciones judiciales”.

Y ello porque no todos los asuntos han de ser derivados al Equipo Psicosocial, como destacó el Magistrado de Familia D. Juan Pablo González del Pozo; muchas controversias –especialmente aquellas en las que se ven afectados menores a partir de unos 12 años- pueden ser resueltas en una buena exploración, pero para ello, jueces y fiscales deben dominar herramientas que les permitan averiguar la verdad de lo que sucede en cada familia, al margen de lo que expresen padre y madre.

Y es que esa capacidad no se tiene de manera innata, debe ser adquirida, y los jueces y fiscales que se dedican a familia deben aprender técnicas para escuchar a los menores, interpretar sus silencios o sus gestos, entablar un diálogo relajante con ellos que les permita abrir un canal de comunicación, obteniendo así información suficiente para que su interés, superior siempre al de sus padres, pueda ser debidamente protegido.

Y en aquellos casos de menores demasiado pequeños, debe entrar el Equipo a hacer su valoración; y resulta esencial que esté integrado por profesionales a los que se les exija especialización en clínica (he tenido valoraciones familiares hechas por psicólogos especializados en RRHH, o en deporte de alto rendimiento, con un resultado devastador), y sepan “desenmascarar” al progenitor que les acude perfectamente “preparado” para pasar los test y las entrevistas.

La petición de especializar los juzgados de familia es clamorosa: abogados de familia, jueces de familia, el propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, D. Francisco Javier Vieira Morante -que ha formulado una petición en este sentido al Ministro de Justicia-, fiscales, incluso la Defensora del Pueblo a principios de año, están reclamando que con carácter urgente se amplíe el número de juzgados de familia, que éstos atiendan los asuntos de familia con carácter exclusivo y excluyente, y que se regule la necesaria especialización de sus titulares. Hay actualmente 103 juzgados de Familia -repartidos en 35 capitales de provincia y 12 ciudades importantes-, que en el primer trimestre de 2015, tenían 66.565 asuntos en trámite. En contraste, los 483 juzgados de Violencia sobre la Mujer, tenían en el mismo periodo 11.118 asuntos en trámite. ¿No es clamorosa la diferencia? Hubo voluntad política de crear los juzgados de violencia en un tiempo record el año 2005, especializando a sus titulares. Es imperativo hacer lo mismo con los de Familia, duplicando su número actual.

Esgrimen los opuestos a esta especialización argumentos en pro de una justicia de cercanía. Pero ¿qué pensamos que preferirán los ciudadanos, un juzgado al lado de casa, que tarde una media de 12.5 meses en resolver su divorcio, u otro más alejado, pero que tarde 5 meses, y con profesionales capacitados?

No lo dilatemos más. Por el bien de nuestros niños.

EL COORDINADOR DE LA PARENTALIDAD

 

Artículo publicado por: Mercedes García-Vilanova Comas, Secretario General de EMIN

En España, al menos, el 12 % de las rupturas de pareja con hijos son extremadamente conflictivas y, en la mayoría de los casos, los problemas vienen derivados de los incumplimientos de custodia,  régimen de relaciones con los hijos y cuestiones relativas a la patria potestad. Cuantos profesionales vinculados al mundo judicial viven con impotencia estas situaciones encontrando como única solución infinitos procedimientos de ejecución de sentencia, la mayoría por cuestiones de poca transcendencia, que se acumulan en los juzgados en interminables expedientes. Padres incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones como la hora de recogida de los hijos, el pago de unos libros, los repartos de las vacaciones, quien custodia los DNI de los hijos y demás cuestiones domésticas. Padres que están utilizando el sistema judicial para resolver su conflicto personal. Padres que, en la mayor parte de las ocasiones, no necesitan una solución judicial, y que el resultado que obtienen, desgraciadamente, es aumentar todavía mas el coste económico y emocional de su ruptura. Y, en definitiva, niños con problemas psicológicos derivados principalmente del conflicto abierto entre sus padres.

En esta coyuntura, común a todos los países del mundo occidental, surge la figura del Coordinador de la Parentalidad, también llamado simplemente Coordinador Parental. Encontramos antecedentes hace más de 25 años en Estados Unidos en la figura de los “Special Masters”, y su desarrollo posterior en otros países, con figuras similares, ha puesto de manifiesto que es un modelo positivo y resolutivo para reducir la conflictividad familiar en el ámbito judicial.

La AFCC (Asociation of Families and Conciliation Courts) define la Coordinación de Parentalidad como “un proceso alternativo de resolución de disputas centrado en el niño, en el que un profesional de la salud mental o del ámbito judicial con formación y experiencia en mediación, asiste a padres con alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad”.

El Coordinador de la Parentalidad se designa por resolución judicial -aunque nada impediría que los propios padres lo hicieran- en la que se expresan detalladamente sus funciones. En la primera reunión, los padres y el Coordinador firman un “contrato de coordinación de parentalidad” en el que se detalla, entre otros, como va a ser su relación, el tipo de conflictos que podrán debatir, la duración, los honorarios y la capacidad del Coordinador para tomar decisiones cuando los progenitores no se pongan de acuerdo en algún aspecto concreto. Les ayudará, por ejemplo, en la organización del reparto vacacional, en las cuestiones escolares, en temas de disciplina, en la elección de actividades extraescolares, en la distribución de los tiempos de estancia, en los horarios de entrega y recogida, en la forma de comunicar con sus hijos y, en ocasiones, si así lo han decidido, resolverá algunas cuestiones sin necesidad de intervención judicial.

No realiza funciones de terapeuta, ni de psicólogo, ni de abogado. No es un “coach”. Tampoco podemos equipararlo a un mediador, aunque utilice sus técnicas. Es el Coordinador de la Parentalidad que se erige como figura independiente en el ámbito del conflicto familiar.

En la actualidad se desarrolla un programa piloto en Cataluña en la que se están formando Coordinadores de Parentalidad para ayudar a familias en conflicto, y confiemos en que pronto se extienda la experiencia a todas las Comunidades. El sistema judicial lo agradecerá. Los profesionales que colaboramos con el sistema y las familias también.

Y los niños, que son los grandes olvidados del sistema, los que mas.