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ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA, DE ISABEL WINKELS

En este artículo de nuestra compañera Isabel Winkels, abogada especializada en Derecho de Familia y Vocal de EMIN, se plantea una cuestión que muchos abogados especializados en la materia debaten constantemente; La necesidad de una especialización de los Juzgados de Familia.

Cuando hablamos de crisis familiares, hablamos de INFANCIA, menores de edad cuya necesaria protección es objeto de cientos de leyes, ponencias y trabajos. Una sentencia equivocada y/o tardía, condiciona la vida futura de un niño, que se ve innecesariamente expuesto a las tensiones que sus padres son incapaces de evitar, sin que nadie les proteja. Y debería resultar innecesario constatar que, cuanto más tarde en resolverse un procedimiento contencioso, mayor es el daño que se les genera.

Pero desgraciadamente, hay juzgados que tardan hasta dos años en dictar sentencia con la que se pone fin al calvario de muchos menores, y ello porque no cuentan con Equipos Psicosociales adscritos, porque no cuentan con un fiscal presente, y porque los jueces carecen de una formación adecuada para dictar sentencias de calidad, que valoren las circunstancias familiares desde un prisma multidisciplinar. Ello lleva a concluir que la decisión de especializar juzgados resulta imprescindible para minimizar los efectos de esta conflictividad: según datos del CGPJ, en Castilla La Mancha hay un único juzgado de Familia especializado, y la duración media de tramitación de los asuntos es de 12,8 meses, mientras que en Asturias, que cuenta con 4, es de 5,2 meses. La ecuación es clara: a mayor especialización, menor tiempo de tramitación, y además, con resoluciones de calidad.

“Muchas controversias pueden ser resueltas en una buena exploración, pero para ello, jueces y fiscales deben dominar herramientas que les permitan averiguar la verdad”

Porque la coordinación de un equipo de expertos especializados resulta esencial para activar la necesaria protección de los menores de edad; en las VII Jornadas de EMIN “TRABAJANDO EN PRO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA”, celebradas el pasado día 12 de junio en la sede de Caixa Forum de Madrid, el pediatra social D. José Antonio Díaz-Huertas destacaba en su conferencia sobre “El menor de edad en el Juzgado” que “todos los profesionales que trabajan con niños deben recibir una formación multidisciplinar”. Incidía en la necesidad de crear un marco  de referencia común que facilite la comunicación y coordinación de todos ellos, y añadía, en el contexto propio de la ponencia algo que, aún pudiendo resultar básico, no lo es en absoluto: “los jueces tienen que aprender “a hablar” con los menores en las exploraciones judiciales”.

Y ello porque no todos los asuntos han de ser derivados al Equipo Psicosocial, como destacó el Magistrado de Familia D. Juan Pablo González del Pozo; muchas controversias –especialmente aquellas en las que se ven afectados menores a partir de unos 12 años- pueden ser resueltas en una buena exploración, pero para ello, jueces y fiscales deben dominar herramientas que les permitan averiguar la verdad de lo que sucede en cada familia, al margen de lo que expresen padre y madre.

Y es que esa capacidad no se tiene de manera innata, debe ser adquirida, y los jueces y fiscales que se dedican a familia deben aprender técnicas para escuchar a los menores, interpretar sus silencios o sus gestos, entablar un diálogo relajante con ellos que les permita abrir un canal de comunicación, obteniendo así información suficiente para que su interés, superior siempre al de sus padres, pueda ser debidamente protegido.

Y en aquellos casos de menores demasiado pequeños, debe entrar el Equipo a hacer su valoración; y resulta esencial que esté integrado por profesionales a los que se les exija especialización en clínica (he tenido valoraciones familiares hechas por psicólogos especializados en RRHH, o en deporte de alto rendimiento, con un resultado devastador), y sepan “desenmascarar” al progenitor que les acude perfectamente “preparado” para pasar los test y las entrevistas.

La petición de especializar los juzgados de familia es clamorosa: abogados de familia, jueces de familia, el propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, D. Francisco Javier Vieira Morante -que ha formulado una petición en este sentido al Ministro de Justicia-, fiscales, incluso la Defensora del Pueblo a principios de año, están reclamando que con carácter urgente se amplíe el número de juzgados de familia, que éstos atiendan los asuntos de familia con carácter exclusivo y excluyente, y que se regule la necesaria especialización de sus titulares. Hay actualmente 103 juzgados de Familia -repartidos en 35 capitales de provincia y 12 ciudades importantes-, que en el primer trimestre de 2015, tenían 66.565 asuntos en trámite. En contraste, los 483 juzgados de Violencia sobre la Mujer, tenían en el mismo periodo 11.118 asuntos en trámite. ¿No es clamorosa la diferencia? Hubo voluntad política de crear los juzgados de violencia en un tiempo record el año 2005, especializando a sus titulares. Es imperativo hacer lo mismo con los de Familia, duplicando su número actual.

Esgrimen los opuestos a esta especialización argumentos en pro de una justicia de cercanía. Pero ¿qué pensamos que preferirán los ciudadanos, un juzgado al lado de casa, que tarde una media de 12.5 meses en resolver su divorcio, u otro más alejado, pero que tarde 5 meses, y con profesionales capacitados?

No lo dilatemos más. Por el bien de nuestros niños.